Septiembre 15 y 16 y 17
de 2008
Parlamento Europeo
DECLARACION DE BRUSELAS
SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Reunido
en Bruselas en el Parlamento europeo, los días 15, 16 y 17 de
septiembre de 2008, el Tribunal Internacional de Opinión,
después de haber tomado conocimiento de los veredictos de
diversas sesiones y audiencias de varios Tribunales Internacionales
de Opinión, que tuvieron lugar entre los años 2003 a
2008 y después de haber oído las declaraciones de más
de veinte testigos de varios movimientos sociales y organizaciones de
defensa de los Derechos Humanos, que entregaron una abundante
documentación, el Tribunal concluyó que se trataba de
crímenes de Estado.
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El
Jurado Internacional constituido por François Houtart de
Bélgica: Presidente, Carmencita Karagdag de Filipinas,
Ulrich Duchrow de Alemania, Patricia Dahl de Estados Unidos,
Mierille Fanon-Mendéz de Francia, Moira Gracey de Canadá,
Carlos Gaviria de Colombia y Jose Luis Nieto de España.
Los
hechos y las exposiciones fueron reunidas por movimientos de
victimas, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones
campesinas, comunidades afrodescendientes, indigenas, mujeres,
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, minorías
sexuales, organizaciones religiosas y organizaciones internacionales
de solidaridad con Colombia y por la Presidencia de la Comisión
de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia.
LOS
HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECLARACIÓN
La
documentacion recibida comprendde los siguientes documentos:
- Documento
sintesis del Tribunal Permanente de los Pueblos
- Ponencia
sobre ejecuciones extrajudiciales
- Informe
del veredicto de la Audiencia indigena
- Video
de la Audiencia de Buenaventura sobre la poblacion afrodescendiente
- Video
sobre la problematica minera en el Norte del Cauca
- Video
sobre desplazamiento de poblacion afrodescendiente en Olai Herrera
- Informe
sobre el Pacifico Colombiano: El caso Naya
- La
población afrodescendiente entre la guerra y el odio
- Informe
de la Coalición de Movimientos y organizaciones sociales sobre
el Derecho y la libertad de expresión, opinión y
asociación en Colombia.
- Veredicto
del Tribunal del Sur de Bolivar
- Video
sobre el desalojo de familias en barrios de Bogotá, acompañado
del informe de la situación de las victimas de los crimenes
del sector financiero.
- Informe
sobre Discriminacion y/o indiferencia del estado presentado en el
Senado de la Republica
- Informe
sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Arauca
- Libro
sobre Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
en Colombia.
- Veredicto
del Tribunal del desplazamiento forzado.
- Informe
sobre la situacion de violacion de Derechos Humanos de Fensuagro-CUT
- Video
sobre los asesinatos y violaciones de Derechos Humanos en
Buenaventura.
- Sintesis
de actas de acusaciones de los diferentes Tribunales de Opinión
que se realizaron en Colombia en los dos ultimos años.
- Veredicto
del Tribunal Internacional de Opinion sobre desplazamiento forzado en
Colombia.
- Documento
sobre la situacion de las mujeres y anexos de los casos de mujeres en
situación de desplazamiento forzado.
- Casos
recientes de asesinatos, reclutamientos y desaparecidos en Ciudad
Bolivar
- Casos
presentados en el Tribunal Internacional de Opinion sobre la
desaparicion forzosa
- Casos
presentados en el Tribunal Internacional de Opinion sobre el
desplazamiento forzado.
- Videos
de los Tribunales realizados hasta la fecha.
Los
testimonios que se escucharon hicieron referencia sobre los
siguientes aspectos:
- Los
Derechos Humanos en Colombia, por el Senador Alexander López
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
- Las
conclusiones y los retos futuros del Tribunal Permanente de los
Pueblos por Gianni Tognoni
- Situación
de los pueblos indígenas en general y del pueblo Kankuamo en
particular por Gilberto Arlant, de la Organización Nacional
Indígena de Colombia.
- La
generalización de las Ejecuciones Extrajudiciales y los
mecanismos de impunidad por Byron Góngora Arango, de la
Corporación Jurídica Libertad.
- Las
políticas de desplazamiento, discriminación y
represión de la población afrodescendiente por José
Santos Caicedo Cabezas de Proceso de Comunidades Negras.
- Informe
de la violación a los Derechos a la libertad de expresión,
opinión y asociación por Omar Fernández, de la
Coalición de Movimientos Sociales.
- Las
violaciones de los Derechos Humanos en Bella Cruz- Sur del Cesar por
Ariel Toscano y Darling Jhulieth Narváez.
- Las
violaciones a los Derechos Humanos en el Sur de Bolívar por
Efraín Muñetón
- Los
Vivienditas, victimas de los crímenes del sector financiero,
por Juan Rodríguez de la Red de Colombianos Unidos por la
Defensa de los Derechos Constitucionales.
- Las
violaciones por identidad de género y violencia sexual por
Robinson Sánchez
- Detenciones
masivas en Arauca, por Sonia López.
- El
exterminio del movimiento campesino por Eberto Díaz de
Fensuagro.
- Violaciones
a los Derechos Humanos en Buenaventura por Winston Barahona.
Exposición
sobre los principales puntos reflejados en las actas de acusación
de los Tribunales de opinión que se celebraron en Colombia en
los dos últimos años por Lilia Solano, Coordinadora del
Tribunal Internacional de Opinión.
Informe
sobre asesinato de sindicalistas por Amanda Rincón de la
Federación Colombiana de Educadores y Diego Alonso Arias y
Oscar Figueroa.
Se
invito al Embajador de Colombia en Bruselas, Sr. Carlos Holmes
Trujillo para ofrecer el punto de vista del Gobierno sobre la
situación de los Derechos Humanos. A pesar de haber recibido
la invitación y tener prevista su comparecencia para el martes
día 16 a las 14h 30 no se presento.
-
El
contexto socio-político de la violación de los
Derechos Humanos en Colombia
Desde
la independencia, Colombia se ha caracterizado por una dualidad
social: una monopolización de los poderes económicos,
políticos, culturales por una minoría, esencialmente
urbana y, del otro lado grandes masas rurales viviendo a un nivel de
subsistencia. La injusticia social, imperante desde el periodo de la
colonia, se profundizó durante el periodo neoliberal. Según
el informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos y
colombianas viven en la pobreza y seis millones están en la
indigencia teniendo que vivir con menos de un dólar por día
y la distancia entre los más ricos y los más pobres va
creciendo.
Colombia
tiene uno de los índices de desigualdad más altos de
América Latina, siendo un país rico con un crecimiento
anual del 7 %. La lógica neoliberal que promueve un
crecimiento espectacular de más o menos 20 % de la población
se aplica perfectamente al país. El 0.3 % de la población
es propietaria de más de la mitad de las tierras agrícolas.
Desde
el punto de vista político, dos partidos, el partido liberal y
el partido conservador, reflejos de la burguesía y de la
oligarquía, han dirigido el país desde el siglo XIX, en
alternantes más o menos regulares, concluyendo a veces un
pacto oficial para compartir el poder (periodo conocido como el
Frente nacional). No han permitido nunca la expresión de una
alternativa política. Cada vez que un líder político
podría presentar la esperanza de un cambio real, la iniciativa
se termino por un asesinato o una muerte violenta: Jorge Eliécer
Gaitán, Camilo Torres, y más recientemente Jaime Pardo
Leal, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo.
Uno
de los casos más contundentes de esta voluntad de impedir toda
alternativa política es la eliminación física de
más de 3000 cuadros de la Unión Patriótica, se
ha hablado a este respecto de genocidio político.
La
injusticia social, el monopolio del poder político, la
imposibilidad de una alternativa real, explican entre otros
factores, el nacimiento de movimientos insurgentes armados a
principio de los años sesenta, después de la Guerra
civil destacada entre liberales y conservadores por el asesinato de
Gaitán, conocida como el periodo de la “violencia”, que
causó 300.000 muertos.
A
partir de los años setenta, el desarrollo del narcotráfico
como sistema que integra una gran parte de las estructuras sociales y
económicas del país, se volvió en un componente
de la realidad político-económica de Colombia. Se
organizaron importantes carteles, y las ganancias del negocio
penetraron el conjunto de la estructura económica, con el
reciclaje de dinero en el sistema financiero, en la construcción
y en casi en todos los sectores de la economía. Penetró
también el sistema político y la sociedad entera:
fuerzas armadas, parlamento, justicia, gobierno.
A
lo largo de un conflicto de más de 40 años, los métodos
de las organizaciones guerrilleras, se han degradado pasando por el
cobro de impuestos al narcotráfico hasta las retenciones a
civiles.
Desde
los años sesenta, incluso antes de la aparición de las
guerrillas, una misión militar de los Estados Unidos, obligó
a los gobiernos colombianos a ampliar una estrategia paramilitar ya
utilizada por los terratenientes, para combatir ideologías
disidentes legalizando progresivamente su accionar, el cual tuvo
mayor auge en las décadas de los 80s y de los 90s y se
prolonga hasta hoy. Estos grupos paramilitares han crecido hasta
controlar territorios enteros y han utilizado los métodos más
condenables de represión de la población civil:
masacres colectivas indiscriminadas y selectivas, desapariciones
forzadas y torturas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales a
mujeres y apropiación de tierras colectivas a comunidades
campesinas, negras e indígenas.
Desde
el principio del conflicto armado la ayuda de los Estados Unidos ha
ido creciendo, con el pretexto en esos últimos años de
la lucha contra el narcotráfico, que toma el nombre a partir
de 1998 de “ Plan Colombia” y se transformó rápidamente
en un plan de lucha contra la insurgencia. El “Plan patriota” y
la consolidación del “Plan Colombia” persiguen los mismos
objetivos, en un país de gran importancia geoestratégica
para los intereses del imperio del Norte.
Con
la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en
el año 2002, el conflicto se extendió a una franja
importante de la sociedad civil a través de la política
de la “Seguridad Democrática”. El objetivo asumido de esta
política es la solución militar del conflicto. Desde
los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron
mecanismos y políticas que implicaban a la población
civil en la guerra: redes de informantes, soldados campesinos, entre
otros.
A
partir del 2004 se emprendió una operación de
desmovilización de los paramilitares, acompañada de
varias medidas legislativas que de hecho revelaron ser una amnistía
encubierta destinada a asegurar la impunidad de los paramilitares. La
ley 975 del 25 de Julio de 2005, denominada de “Justicia y Paz”,
permitió a pesar de la anulación de varias
disposiciones de la Corte Constitucional en 2006, que los principales
jefes paramilitares escaparán a las sanciones incurridas por
crimines de una particular gravedad. Este proceso de impunidad
culminó el 13 de mayo de 2008, con la extradición de 14
de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que les
permitió eludir su responsabilidad hacia las numerosas
víctimas de sus crímenes.
La
complicidad del aparato estatal civil y militar y con el
paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la
Justicia que investiga actualmente a decenas de parlamentarios de la
bancada uribista, incluyendo al propio primo del Presidente de la
República, por colaboración con los organismos
paramilitares. Hoy en día 37 parlamentarios están en la
cárcel. Entre las dos opciones posibles para el gobierno,
negociar con la insurgencia y enfrentar el paramilitarismo o
profundizar la Guerra contra la insurgencia y aliarse con los
paramilitares, se escogió claramente la segunda.
Lo
que aparece con evidencia, es un sistema político al servicio
de las oligarquías de la sociedad y de los intereses
económicos internacionales, utilizando formas e instituciones
democráticas para, de hecho, funcionar de otra manera,
desemboca sobre una lucha implacable contra los movimientos sociales
populares y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y
en forma muy grave con el asesinato sistemáticos de líderes
sindicales.
El
ejemplo más reciente de esta política se puede
comprobar con la posición del Presidente
Uribe
a propósito de la huelga de los obreros azucareros del Valle
del Cauca, que luchan por mejorar sus pésimas condiciones de
trabajo y por la defensa de la biodiversidad y de los cultivos
alimentarios contra la expansión de la caña para los
agrocumbustibles. Declaró el Presidente Uribe: “ para
sofocar la revuelta de los cortadores en el Valle, usen toda la
fuerza posible, no escatimen en represión, si es preciso
movilicen a todos los soldados de la patria”. El gobierno actual se
inscribe en la continuidad de este modelo, apoyado por las empresas
multinacionales, incluidas las europeas, apoyadas militarmente por
los Estados Unidos y ayudado y tolerado por las instituciones
europeas.
2.
Los testimonios
Entre
los testigos, trece provenían de los sectores más
vulnerables y más golpeados por la violencia de la sociedad
política colombiana. Testificaron de los numerosos crímenes:
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, torturas,
desplazamientos forzados, arrestos y detenciones arbitrarias, y todo
ello con una impunidad, prácticamente institucionalizada y
literalmente inscrita dentro del sistema jurídico.
La
ejecución y la negación de estos hechos es ya un crimen
en si mismo. La ley de Justicia y Paz, ofrece la inmunidad a cambio
de una confesión, de devolver los bienes ilegalmente
adquiridos y la desmovilización, funciona de hecho como
reforzamiento de la red de los paramilitares, estableciendo una
apariencia de justicia. Como
lo decía un testigo, “Cada vez que hacemos denuncias a
entidades judiciales, las cosas empeoren”. Otro decía “Ellos
venían antes con botes y uniformes, ahora están en las
oficinas públicas”.
Recordamos
que la practica de la utilización de paramilitares ya fue
utilizada en la Europa del siglo XX, cuando gobiernos, como el de la
Alemania nazi, con los Freikorps, de Italia fascista con las camisas
negras y de Gran Bretaña con los Black y Tans, organizaron la
colaboración de los ejércitos y de altos miembros del
poder político con estos grupos. Actuaban para combatir todos
los que acusaban de ser antipatrióticos o comunistas y también
los obreros que se organizaban para garantizar sus derechos.
El
proceso colombiano de impunidad esta funcionando desde el nivel
nacional hasta el local. No hay investigaciones en los lugares donde
las violaciones ocurren. Varios miembros de los movimientos sociales
que recolectaron datos sobre los asesinatos, las desapariciones
forzadas y los desplazamientos, afirmaron que ningún caso
resulto en una condena, y que pocos fueron llevados a una corte de
justicia.
Exmiembros
de la Comisión de Derechos Humanos del Senado están
presos por sus vínculos con los paramilitares y los
narcotraficantes.
Según
los testimonios, en Colombia las inversiones nacionales e
internacionales se apoyan para su seguridad, sobre fuerzas
paramilitares para asegurar sus intereses y para la expropiación
de tierras. Un testigo nos comentó: “…sin la
tierra no somos nada, no queremos ser esclavos en sector urbano por
un suelo…”
La
ausencia de reforma agraria que hace que 15 mil personas posean más
de 49 millones de hectáreas cuando 1,5 millones de familias no
poseen nada, todo esto también ha generado el desplazamientos
de comunidades indígenas y afrodescendientes, así quedó
confirmado.
Las
comunidades indígenas y afrodescendientes son vulnerables por
ocupar territorios ricos en términos de recursos, una riqueza
que ha llegado, en las palabras de un testigo: “a
ser una carga pesada y una maldición”.
El mismo añade “Nuestra
tierra es la vida; nuestras vidas son la tierra.”
Los
pueblos indígenas continúan luchando por sus tierras.
Cuando el presidente Uribe declaró que el racismo y la
discriminación no existe en Colombia, líderes de las
comunidades entregaron una propuesta al Senado sobre las prácticas
discriminatorias. Repetidamente les fue rechazada. La lógica
del gobierno fue que la propuesta no era necesaria, dado que no hay
racismo ni discriminación. “A nosotros nos tratan de
personas sin ningún valor. Así que nos pueden eliminar
como les conviene.”
En
conformidad con la práctica histórica de otros grupos
paramilitares, las fuerzas armadas de Colombia reciben entrenamiento
en instituciones militares extranjeras, tales como Estados Unidos,
Gran Bretaña e Israel, para difamar cualquier grupo que
represente un desafío al control de las élites. Los
que se organicen a propósitos de su situación son
tildados como colaboradores o miembros de la guerrilla, lo cual
supuestamente justifica las atrocidades cometidas en su contra.
Repetidamente, son presentados como guerrilleros, y se les adjudican
armas puestas por los mismos militares en sus cuerpos o cerca de
ellos. Entonces se afirma que murieron en combate. Otras personas
aunque no se organizan, presentan un desafío al orden
establecido de otra manera y también los convierten en
objetivo de las violaciones. Pequeños comerciantes y
vendedores ambulantes son atacados o desaparecidos. Indigentes se
ven obligados pagar cuotas para “protección”. Las
minorías sexuales como grupo son un blanco claro de amenazas y
ataques.
Los
maestros, vistos como una fuerza importante en Colombia, viven bajo
represión y ejecuciones extrajudiciales. Paramilitares se
acercan a administradores escolares y les prohíben apoyar
cualquier resistencia. Los asesinatos de educadores hasta la fecha
en este año 2008, ya exceden, los que sufrieron el año
anterior. “Nos quieren romper la espalda a los maestros.”
Arauca,
un departamento con grandes depósitos de petróleo,
ubicado en la frontera con Venezuela, ha vivido un rango completo de
abusos. El 2007 vio el número más alta de violaciones
de las últimas décadas. Se han aumentado las
fumigaciones con el pretexto de erradicar la droga, aunque las
comunidades propusieron erradicar la coca a mano a cambio de mejoras
de infraestructura para que pudieran comercializar cultivos legales,
pero el Estado lo negó. La militarización de la vida
cotidiana se ha vuelto normal.
Reuniones
de grupos estudiantiles, comunitarios, laborales, hasta de padres de
familia, están interrumpidos por militares quienes toman fotos
de los participantes. Las fuerzas públicas llevan a cabo
programas escolares en que visten los niños en uniformes
militares y les hacen “soldados” por un día. Familiares
de líderes sociales están controlados y fichados y la
información entregada a los servicios de inteligencia. Un
ejemplo ofrecido a este Tribunal, fue sobre una fiesta social,
interrumpida por la fuerza públicas quienes preguntaron
“¿Quienes son culpables?” – una referencia a la
guerrilla. Capturaron a 93 personas, los esposaron y los llevaron al
cartel de la XVIII Brigada. De este grupo, 43 fueron acusados de
varios crímenes y de ser miembros de la guerrilla. Sufrieron
prisión por 15 meses y luego fueron puestos en libertad. Como
un testigo nos comentó “Es una cosa venir aquí para
hablar de esto y otra cosa volver a Colombia a vivirlo. Volveré
para oír de otro masacre.”
Las
victimas del sector financiero, denunciaron que Colombia es el único
país del mundo, donde los créditos hipotecarios para
vivienda se cobran con tasas de interés tan altas que provocan
desde la ruina, hasta la desintegración y desplazamiento
familiar y el suicidio masivo de sus usuarios.
A
pesar de todo eso, las organizaciones sociales, sindicales y
comunitarias siguen luchando para construir una vida digna. Los
Derechos Humanos han llegado a significar el derecho a la vida,
primero, y los derechos económicos a la alimentación y
vivienda, salud y educación. En algunos lados de Colombia,
también se lucha por otro derecho: el derecho de vivir sin las
cadenas de un modo económico parasítico de producción.
En las palabras de un testigo, “Sin la tierra no somos nada. No
queremos ser esclavos en sector urbano por un sueldo.”
-
La
síntesis de los veredictos
a.
Veredictos
El
Tribunal recibió presentaciones de veredictos de Tribunales de
Opinión y audiencias llevados a cabo en los últimos
años sobre diferentes aspectos de la situación de
Derechos Humanos en Colombia:
-
Veredicto
del Tribunal Internacional de Opinión del 29 de noviembre de
2003 (Paris), sobre la Impunidad (Caso Sur de Bolívar);
-
Veredicto
del Tribunal Internacional de Opinión del 23 de noviembre de
2007 (Bogotá), sobre el Desplazamiento Forzado;
-
Veredicto
del Tribunal Internacional de Opinión del 26 de abril de 2008
(Bogotá), sobre la Desaparición Forzada, un Crimen de
Estado;
-
Sentencia
del Tribunal Permanente de los Pueblos del 23 de julio de 2008
(Bogotá), sobre Empresas Transnacionales y Derechos de los
Pueblos en Colombia 2006-2008, preparado por 3 sesiones previas.
Estos
veredictos están adjuntos a esta Declaración. Todos
son resultados de procesos extensos de recaudar documentación
y
escuchar numerosos testimonios de viva
voz
de víctimas y de expertos, inclusive cada Tribunal se acompañó
de varios audiencias regionales previas, y también
proporcionaron testimonios de víctimas y organizaciones
sociales.
b.
Conclusiones de los Tribunales sobre los hechos
Los
datos y hechos presentados en todos los Tribunales, llaman la
atención sobre la alarmante situación que sigue
viviendo Colombia. Todos los Tribunales conocieron una larga lista
de violaciones de Derechos Humanos: asesinatos, desapariciones,
tortura, amenazas, detenciones, destrucción de cultivos,
desplazamientos forzosos. Estos se han dado con la complicidad o
incapacidad casi completa del sistema judicial, al no otorgar
protección ni respuesta alguna a las mismas. Esto último
implica un marco sistemático de impunidad para los
responsables de las violaciones.
Algunos
de los hechos sirven para ilustrar la situación: más de
4 millones de colombianos han sido desplazados dentro del país;
otra cantidad superior ha huido al exterior. El desplazamiento se
lleva a cabo por medio de fumigaciones de cultivos, aún en
regiones sin coca, bombardeos indiscriminados, asesinatos,
hostigamiento por paramilitares, capturas masivas. Además,
entre 2002 y 2007, se registraron al menos 955 casos de ejecuciones
extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares, en casi el mismo
período, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas.
En los últimos 30 años, solamente los desaparecidos
llegan a 30.000 personas. .
Responsabilidad del Estado
Colombiano
Todos
los veredictos señalan la responsabilidad del Estado
colombiano en la gran mayoría de las violaciones conocidas, o
sea por ser cometidos directamente por militares, policías u
otros oficiales del Estado, o por los paramilitares creados y
auspiciados por el Estado. El nexo entre la estrategia paramilitar y
el Estado quedó claramente señalada en todos los
veredictos, que se refieren a los aspectos legislativos que abrieron
paso a su creación en 1968, al uso de equipo y vehículos
militares para operaciones paramilitares y la incorporación
directa de soldados en estos grupos.
Los
veredictos concuerdan en que sigue existiendo una situación de
impunidad casi completa para los autores de violaciones de Derechos
Humanos en Colombia, en este sentido la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, a notó:
“Quienes monitorean los Derechos
Humanos evalúan que virtualmente el 100% de todos los crímenes
que involucran violaciones de los Derechos Humanos no son castigados.
La experiencia de la Comisión... apoya sustancialmente esta
aseveración. La Comisión conoce solo muy pocos casos
en los que agentes Estatales responsables por violaciones a los
Derechos Humanos han recibido fallos penales condenatorios.”
La
impunidad continúa a pesar de medidas legislativas
supuestamente dirigidas a reducirla. Por ejemplo, después de
varios intentos y cuatro proyectos de ley fallidos para tipificar la
desaparición forzada de personas como delito, se aprueba la
Ley 589 de 2000, por medio de la cual se tipifica la desaparición
forzada, la tortura y el genocidio. Sin embargo, después de
siete años de vigencia de esta ley, no se ha procesado y menos
aun condenado a ninguna persona bajo ella.
En
el año 2003, el gobierno nacional aprobó las leyes de
reinserción de los paramilitares, las cuales están
contribuyendo a reforzar e institucionalizar su impunidad. La Ley
782 de 2002 benefició a más de 35.000 paramilitares,
quienes al acogerse a la referida ley no se les procesó
penalmente y además obtenían una ayuda económica
mensual (esto fue modificado por la sentencia C-370 de 2006 que
declaró la inconstitucionalidad de algunas normas de la Ley
975 de 2005), financiamiento de proyectos productivos, preferencias
para aspirar a puestos laborales y de formación académica.
Además, aquellos postulados de las estructuras paramilitares
que tenían abiertos procesos penales ante la justicia
ordinaria por delitos de lesa humanidad, en virtud de Ley
975 de 2005, denominada “Ley de Justicia y Paz”,
solo pagaran penas que oscilarán entre un mínimo de 4
años y un máximo de 8 años de prisión (si
estos delitos fueran juzgados por la justicia ordinaria recibirían
penas hasta de 45 años). En el marco de esta norma los jefes
paramilitares han venido en versión libre, confesando la
comisión de miles de crímenes atroces selectivos,
masivos y sistemáticos como desapariciones forzadas, torturas,
descuartizamientos, ejecuciones, desapariciones forzadas, trafico de
estupefacientes, entre otros.
La Lógica de la Represión
Y
por último, todos los veredictos concluyeron que el Estado,
los paramilitares y las empresas multinacionales son actores que
benefician de manera económica o política los
resultados de las violaciones, por razón del cual no convence
el pretexto de que las violaciones sean efectos secundarios del
conflicto armado. El beneficio político de las violaciones se
siente en la desarticulación y temor que causan dentro de los
movimientos sociales, que debilita la oposición política;
y más directamente, en los acuerdos directos entre políticos
y paramilitares para asegurar el voto compulsivo a su favor.
El
veredicto del caso Sur de Bolívar concluyó que
múltiples casos de asesinatos, masacres, desapariciones
forzadas, y otras violaciones buscan facilitar la agenda de
apoderarse de recursos del área, en particular de yacimientos
auríferos.
El
desplazamiento forzado, que ha resultado de expulsar la población
de grandes zonas del país, en particular comunidades
indígenas, campesinas y negras, constituye una de las más
grandes crisis humanitarias engendradas dentro del conflicto. Sin
embargo, el gobierno niega su existencia. El veredicto de este
Tribunal apuntó a que el desalojo de barrios, comunidades y
hasta pueblos enteros en el caso de la población indígenas,
no es únicamente consecuencia directa o indirecta de los
enfrentamientos entre actores del conflicto, sino que se concentra en
regiones de gran valor estratégico y económico,
sirviendo a los intereses económicos nacionales e
internacionales que buscan impulsar sus proyectos agrícolas,
industriales, mineros, portuarios, turísticos, viales, etc.
Por ello, el desplazamiento forzoso continúa un proceso de
desarraigo iniciado con la conquista española, y ha servido
para facilitar una alta concentración de las mejores tierras
en el país en pocas manos. Además, el Tribunal
concluyó que el desplazamiento forzado sirve para recuperar
zonas política y socialmente organizadas opuestas al proyecto
gubernamental.
De
igual manera, el veredicto sobre la desaparición forzada
apuntó cambios significativos de esta actividad, en el que las
victimas de la detención y desaparición forzada ya no
son únicamente los opositores políticos (como se ha
verificado históricamente, resultando en un beneficio político
obvio), sino también afecta a las personas de sectores de la
población consideradas “basura social”: indigentes,
mujeres prostituidas, drogadictos, minorías sexuales y
afrocolombianos; o sea, personas consideradas no productivas para el
modelo económico dominante.
El
crecimiento dramático de la inversión extrajera en
Colombia señalado en el veredicto sobre empresas
transnacionales documentó, que entre 1990 y 1997 la inversión
extranjera creció por 1,300%; entre 2000 y en el 2005 creció
otro 168%. Dada la teoría económica de que la
inversión huye de la inestabilidad y de vacíos legales,
está cifra respalda la observación de que en Colombia,
la violencia y las violaciones de Derechos Humanos sirven a los
intereses de las compañías grandes. De hecho, los
Tribunales conocieron situaciones en que empresas multinacionales
contratan o financian directamente a los grupos paramilitares.
El
Tribunal sobre Empresas Transnacionales aporta un elemento nuevo para
el análisis del ya complejo conflicto Colombiano, permitiendo
evaluar el papel que juega la comunidad internacional en el
desarrollo del conflicto, los intereses en juego, y los
comportamientos que adoptan. Señaló específicamente
el papel que han jugado las empresas transnacionales que actúan
en Colombia en el conflicto y su involucramiento en prácticas
violatorias de los Derechos Humanos, entre ellos destacan los
siguientes empresas europeas: Nestlé, Holcim,
Glencore-Xtrata, Anglo American,Cartón de Colombia, British
Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de
Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Brisa S.A., Banco BBVA
y Banco Santander.
Finalmente,
todos los Tribunales han responsabilizado al Estado colombiano no
sólo de violaciones de Derechos Humanos sino de crímenes
de lesa humanidad, incluyendo: homicidio, ejecuciones
extrajudiciales, exterminio, genocidio, desplazamiento forzado,
privación de la libertad, persecución política y
racial, tortura y desaparición forzada, todos en el contexto
de un ataque sistemático dirigido contra la población
civil. Todos los veredictos articularon una fuerte condena de la
situación de impunidad que ha mantenido el Estado colombiano,
los efectos de la destrucción del tejido social, el creciente
empobrecimiento y la profundización de la desigualdad,
completan el cuadro de una ausencia total de democracia.
5.
LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DECLARACION
La
base jurídica de las conclusiones del Tribunal se apoya sobre
varios elementos del derecho. Se debe recordar en primer lugar que la
Constitución Política de 1991 incrementó el
catálogo de los Derechos Humanos, como derivación de la
dignidad humana, e hizo de su vigencia un camino hacia la paz, pues
la hipótesis del constituyente consistió en que el
deterioro de los primeros está relacionado con la carencia de
ese bien (la paz) al que la propia Carta le asigna también el
rango de derecho (Art.22).
Por
esa razón ella articulo las obligaciones contraídas por
Colombia mediante la celebración de tratados o la adhesión
a convenios que tengan como contenido los Derechos Humanos no
susceptibles de ser suspendidos ni siquiera bajo los estados de
excepción, con la vigencia incondicional de las mismas normas
constitucionales, haciendo coincidir los compromisos internacionales
con los más inaplazables principios de derecho interno.
Cualquiera
que sea la perspectiva desde la cual se mire el asunto, se llega a la
conclusión de que la materialización de los Derechos
Humanos fue el asunto prioritario para el constituyente, que no dejó
escape a los órganos del Estado para eludir la vigencia de los
derechos, haciendo compromisos internacionales y normas internas en
el llamado bloque de constitucionalidad, creación doctrinaria
y jurisprudencial que halla su sólido fundamento en el
artículo 93 de la carta. Como irritante paradoja, son esos
principios y normas vinculantes de los órganos del estado, los
que en una época crítica como la que vive el país
hace más de medio siglo - y que el Constituyente de 1991 se
esforzó en superar- los que es necesario mostrar, para poner
de presente el desentendimiento, por parte del estado y de las
organizaciones armadas, que para ese a él se asimilan, del
contenido axiológico que el constituyente del 91 juzgó
de la más alta jerarquía.
He
aquí una lista, que no pretende ser exhaustiva, de los
principales instrumentos de derecho internacional y disposiciones de
derecho interno que tienen como contenido tales derechos.
5.1.
El DERECHO
CONSTITUCIONAL
Según
el Artículo 1° del Estatuto Constitucional, la Nación
colombiana se funda en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalecía del interés general » como fines
esenciales del Estado define entre otros « la convivencia
pacífica y la vivencia de un orden justo » e
instituye a las autoridades de la República «para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades… ».
Acto
seguido la Carta Constitucional, proclama los derechos fundamentales
que el Estado debe garantizar, respetar y hacer respetar : la
vida, integridad personal, igualdad, personalidad jurídica,
honor e intimidad y buen nombre, libre desarrollo de la personalidad,
provisión de la esclavitud, libertad de conciencia, libertad
de cultos, libertad de expresión, derecho a la honra, derecho
a la paz, derecho de petición, libertad de locomoción y
residencia, derecho al trabajo, libertad de escoger profesión
u oficio, libertad de enseñanza, libertad personal, debido
proceso, libertad de asociación y sindicalización.
Consagra
además una serie de derechos económicos, sociales y
culturales tales como el derecho a la educación, a la salud,
la vivienda digna, la seguridad social, protección a la
familia, los derechos especiales de los niños, el derecho a
la cultura propia, el derecho a la propiedad de la tierra de
los trabajadores agrarios, entre otros.
5.2. La normativa
internacional suscrita y ratificada por el Estado colombiano en
materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario.
El
Estado Colombiano no solo se ha comprometido con el pueblo de la
Nación, sino también con la Comunidad Internacional a
través de diferentes mecanismos internacionales en materia de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en esa
garantía y respeto a los mismos.
Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
Carta
Internacional de Derechos Humanos, Declaración Universal de
Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, en abril 1948.
Pacto
internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entra en vigor
para Colombia el 23 de marzo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968.
Convención
Americana sobre Derechos Humanos, entrada en vigor para Colombia el
18 de julio de 1978, en virtud de la Ley 16 de 1972.
Convención
contra la Tortura y otros tratos o penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, entrada en vigor para Colombia el 8 de enero de 1988, en
virtud de la Ley 70 de 1986.
Convención
sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por
Colombia en 1991.
Convención
para la Prevención y la Sanción del delito de
Genocidio, entrada en vigor el 12 de enero de 1951.
Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamiento Forzado, que si
bien no han sido suscritos formalmente por Colombia, lo ha hecho de
manera tácita y directa al incorporarlos en el cuerpo
normativo de la Ley 387 de 1997.
Derechos
Contenidos:
Estos
Instrumentos Internacionales contienen los siguientes derechos:
Libertad personal, Igualdad a la vida, a la seguridad personal, a la
integridad personal, a la personalidad jurídica, al debido
proceso, a la justicia, a la intimidad, honra, a la libre
circulación, a la libertad de pensamiento, conciencia, opinión
y expresión, a la sindicalización, a la protección
legal, a la familia, a la inviolabilidad de domicilio, al trato
humano y digno, derecho al nombre.
5.3.
El derecho Internacional Humanitario
Convención
de Ginebra relativo a la protección de las personas Civiles en
Tiempo de Guerra suscrito y ratificado por Colombia en 1961.
Protocolo
II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados sin carácter internacional, Ratificado por
Colombia en 1996.
Articulo
3° común a los cuatro Convenios de Ginebra.
En
estos estatutos se protege y garantiza la seguridad, integridad y
libertades de la población civil que esta por fuera de un
conflicto armado de carácter interno de una nación, o
de los combatientes que por cualquier circunstancia han quedado por
fuera del combate.
5.4.
Las Normas de Derecho Interno
El
estado colombiano presionado por la Comunidad Internacional y amplios
sectores de la población victimizada ha regulado sobre la
violación a estos derechos de carácter fundamental, la
Ley 387 de 1997 por medio de la cual se desecha la Política
pública que busca atender a la población en situación
de desplazamiento forzado, la Ley 589 del año 2000 que
tipifica e imprime en el Código Penal Colombiano, por primera
vez en Colombia como delitos la desaparición forzada, la
tortura, el genocidio y el desplazamiento forzado.
Así
mismo se ha comprometido constitucionalmente a reconocer y respetar
el Derecho Autónomo Indígena o derecho Mayor, Ley de
Origen o Derecho Propio.
Los
hechos que fueron presentados al Tribunal, contradicen la legislación
nacional e internacional y por eso merecen la más firme
condena.
6.
La responsabilidad Europea
Desde
2002, se incrementó el interés de grandes empresas
europeas por Colombia. Una agenda de pacificación del país
fue elaborada y apoyada tanto por el gobierno de los Estados unidos,
como por grupos financieros y empresarios europeos. La Comisión
europea y en el Consejo europeo apoyan el “proceso de paz” por un
compromiso político y financiero, que incluye también
la ley Justicia y Paz.
A
pesar del hecho que el gobierno de Colombia sea responsable de
violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y de crímenes
de lesa humanidad, el apoyo de varios Estados de la Comunidad europea
y de otros como Suiza, los hace corresponsables de tales hechos. Esta
situación se concreta de la manera siguiente:
6.1.
Las empresas multinacionales europeas (Unión Fenosa, Banco
Bilbao Vizcaya, Banco Santander Central Hispano, Endesa, Prisa, Aguas
de Barcelona, CEPSA, Gas Natural, de España, BP y Nestlé
de Suiza) están implicadas en:
-
El
desplazamiento forzado de personas por parte de las fuerzas armadas,
policía y en especial por paramilitares, para el control de
los territorios destinados a monocultivos, a actividades mineras,
petroleras o turísticas. A título de ejemplo se pueden
citar las empresas Repsol (España) y BP (Gran Bretaña).
-
En
la vulneración del acuerdo 169 de la OIT sobre el respeto de
los recursos naturales de los pueblos indígenas (BP)
-
En
la denegación de los derechos de los trabajadores, como en el
caso de Nestlé y BBVA.
-
En
la colaboración con grupos paramilitares para la seguridad de
las empresas, un ejemplo es BP,
-
En
las presiones sobre las instancias políticas locales para que
no intervengan.
-
En
las inversiones en medios de comunicación de masa que
presentan Colombia como un país democrático, tal como
hace el grupo español Prisa.
-
En
el financiamiento de proyectos negativos para el ambiente y
socialmente desastrosos. El Banco Santander es un caso entre otros.
-
La
Unión Europea impone normas de utilización de
agrocombustibles (20% de energías renovables para 2020), y
así favorece el desarrollo de monocultivos de caña
(etanol) y de palma (agrodisel).
-
El
Banco Europeo de Inversión (BEI), mayor institución
internacional de financiamiento público del mundo, financia
empresas multinacionales en Colombia, sin criterios suficientes
concernientes a las normas del entorno y a las condiciones
elementales del respeto a los Derechos Humanos.
-
Los
Tratados bilaterales entre países europeos y Colombia: se
trata de Hungría, la República Checa, Polonia y
Romania.
-
Los
acuerdos en el cuadro del Sistema de Referencias Generalizadas
Andinas (SPG), que favorecen las exportaciones colombianas en
Europa.
-
Las
negociaciones para un Tratado de libre comercio, sin cuestionar
seriamente las situaciones de violaciones de Derechos Humanos.
-
La
colaboración militar entre Colombia y el Reino Unido y entre
Colombia y Francia, como la venta de armas de varios países
Europeos, entre ellos España y Bélgica, entre otros.
Lo
que se espera de los actores económicos y políticos de
Europa :
-
Una
renegociación de todos los acuerdos con Colombia sobre la
base del artículo 2 del Acuerdo de Asociación,
estipulando que un acuerdo puede ser denunciado si una de las partes
involucradas, viola los Derechos Humanos.
-
La
aplicación de estos criterios por el BEI.
-
El
fin de toda negociación que desemboque en medidas de
privatización y de liberalización que beneficien a las
empresas transnacionales europeas y no al pueblo colombiano.
-
El
fin de las políticas energéticas, imponiendo de hecho
una producción de agrocombustibles en Colombia.
-
El
financiamiento de programas sociales que benefician a las
poblaciones más necesitadas en concertación con los
movimientos sociales populares.
-
Una
contribución a la reparación de los daños que
resultaron de las políticas económicas europeas.
-
Apoyo
a los movimientos y organizaciones sociales, que en Colombia luchan
por los Derechos Humanos y en particular en sus esfuerzos para
presentar sus casos ante la Corte Penal Internacional.
-
Colaboración
activa con el proceso de paz y reconciliación, tomando en
cuenta la necesitad de reconstruir la memoria, de iniciar
negociaciones políticas y de establecer estructuras
económicas y sociales garantizando la justicia, la verdad, la
reparación de las víctimas y la no repetición
de los crímenes.
-
La
suspensión de financiamiento a proyectos de cooperación
al desarrollo que fortalecen a grupos paramilitares y a políticos
involucrados con ellos.
-
La
denuncia de la Ley de Justicia y Paz y de la comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación como
instrumentos jurídicos y políticos no adecuados con el
reclamo de las víctimas de vulneración de Derechos
Humanos y el apoyo a un verdadero proceso de verdad, justicia y
reparación.
-
La
suspensión de los acuerdos militares y de la venta de armas
y de cualquier equipo militar por parte de los países de la
Unión Europea al gobierno de Colombia.
-
La
anulación de la Directiva aprobada por el Parlamento Europeo
referida al retorno de la población inmigrante, entre ellos
la población colombiana.
CONCLUSION
En
función de todas estas consideraciones y sobre la base, tanto
de los resultados de los varios Tribunales, como de los testimonios
directos, el Tribunal confirma las sentencias de las sesiones de los
Tribunales Internacionales de Opinión precedentes y DECLARA:
AL GOBIERNO DE COLOMBIA CULPABLE DE CRÍMENES CONTRA LA
HUMANIDAD.
El Tribunal constató también que la situación,
lejos de mejorarse tiende a empeorar y por eso llama a la conciencia
de los pueblos europeos para que ellos y sus responsables políticos
se abstengan de colaborar con el gobierno colombiano. Se espera al
contrario que tomen iniciativas para parar las violaciones que se
cometen en el país y apoyen la construcción de una
sociedad democrática, sobre la base de negociaciones políticas
y de instituciones renovadas.
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