Informe de la Caravana Internacional que entr? en las zonas del Sur de Bol?var (II) Print
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Bulletin archive - Bulletin Issue5 February?March 2002
Monday, 08 September 2008 17:19
Esta es la segunda parte del informe de la Caravana que entro en laz zonas del Sur de Bolivar que hubieron occupado por las fuerzas armadas militares y paramilitares. La primera parte fue publicado en Colombia Solidarity Bulletin No. 3, evalua la situcaion humanataria y social de la poblacion civil.

La segunda parte explica como funciona el cerco militar/paramilitar, dnado recommendaciones para accion.

E. Mecanismos Operativos del Cerco


En las cabeceras municipales es constante la presencia de la policía nacional, que ejerce control en la zona de puerto sobre el río Magdalena cuando su ubicación es ribereña; el ejército nacional mantiene presencia rural y un intenso patrullaje sobre el río en operaciones conjuntas con la Armada Nacional, también se instala ocasionalmente en las cabeceras municipales.

Las organizaciones paramilitares ubican sus retenes en las cabeceras municipales o cerca de ellas y concentran su acción en el control de transporte de carga y pasajeros sobre el río y en las vías de acceso a la zona montañosa, con presencia visible en los puertos. En estos retenes han sido saqueados, han perdido la vida o han sido desaparecidos cientos de pobladores de las zonas sitiadas y como tal constituyen el principal mecanismo de ejercicio del cerco.

La presencia guerrillera es evidente en la zona montañosa, donde se observan puestos de control de esas organizaciones con miembros armados y uniformados y avisos sobre campos minados.

Según las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región del Magdalena Medio, el paramilitarismo promueve una movilización social aparentemente de oposición al despeje, pero su papel se concentra en ser fachada legal para ejercer presión sobre las administraciones locales y autoridades de todo tipo y en liderar una campaña de desprestigio contra las comunidades campesinas y mineras, para que de paso se legitime la agresión y el cerco a que los paramilitares someten a éstas.

E1. Víctimas.

La selección de las víctimas no tiene otro patrón que la de habitar en una zona considerada de influencia guerrillera. Dentro de las personas asesinadas y desaparecidas se encuentran transportadores, comerciantes, arrieros, pescadores, mineros, líderes y miembros de las juntas comunales, raspachines, compradores de pasta de coca.

E2. Forma de proceder de los actores.

Según testimonios dados por miembros de estas comunidades, los operativos contrainsurgentes se desarrollan con fuerzas conjuntas militares y paramilitares y habitantes de la zona afirman que incluso llevan brazaletes de ambas fuerzas o se componen como grupo mixto; en algunas oportunidades se efectúa un simple cambio de brazalete por parte de los miembros del Ejército Nacional o éstos se desplazan sin ningún distintivo para presentarse de manera diferente en su paso por las comunidades.

Las víctimas son sacadas violentamente de sus domicilios o lugares públicos y ejecutadas allí mismo o llevadas para ser sacrificadas en otro lugar, incluso en las zonas urbanas que tienen fuerte presencia policial o militar. En algunos casos las personas son citadas a las bases paramilitares o en sitios públicos de las cabeceras municipales; también es frecuente tomar a sus víctimas en retenes o cuando se encuentran en las poblaciones realizando cualquier diligencia personal.

Las acciones contra la población casi siempre se ejecutan mediante actos de barbarie tales como decapitaciones, mutilaciones y quemaduras con ácido; se busca la desfiguración de los cuerpos para impedir su identificación o los métodos de muerte lenta que prolonguen el sufrimiento de las víctimas. La práctica más frecuente consiste en arrojar los cuerpos al río e incluso se relató el lanzamiento de una persona desde un helicóptero en vuelo.

En muchos casos las personas son sepultadas por sus propios victimarios en fosas hechas por habitantes que son obligados a ello y en otras oportunidades los cuerpos son arrojados en lugares con la prohibición de que sean recogidos y sepultados, incluso con amenaza de muerte para los familiares que desobedezcan la orden o denuncien el caso.

La destrucción y saqueo de cultivos, enceres y corrales forma parte de los ataques contra la población; el ganado y los animales de corral son hurtados y consumidos e incluso sacrificados masivamente a la hora de retirarse del lugar. En los casos de campos minados por la guerrilla los agresores obligan a los campesinos a ingresar en ellos con varias mulas para recorrerlo en todas las direcciones posibles y cuando las fuerzas contrainsurgentes ingresan en terreno peligroso para su seguridad obligan a un grupo de campesinos a marchar delante de ellos como escudo humano.

E3. Respuesta de las autoridades.

En los casos en que las víctimas o sus familiares van en busca de las autoridades para obtener su apoyo la respuesta ha sido evasiva o intimidatoria y casi siempre manifiestan ser impotentes para enfrentar el problema o sirven como intermediarios o mensajeros de los criminales.

En varios casos los familiares deben recoger a sus muertos en parajes apartados o en las orillas del río y transportarlos a veces de un municipio a otro y la inhumación se hace sin que medie levantamiento oficial del cadáver, dictamen médico - legal o registro civil de la defunción. Sobre el particular se supo que hay recodos del río en los que flotan los cadáveres o partes de cuerpos en los que los familiares de víctimas buscan y recogen sus duelos sin que sea posible la intervención de autoridad alguna.

F. Valoración y Conclusión.

1. Al entrar a la zona veníamos a constatar con nuestros propios ojos la crisis humanitaria que se nos había presentado, al salir tenemos que afirmar que lo que sucede en esta zona bien se puede catalogar de desastre humanitario ya que comunidades y pueblos enteros se encuentran amenazados en su existencia. Y como tal esta situación requiere la atención de la comunidad internacional con carácter de urgencia.

2. Constatamos desde nuestra propia experiencia la existencia de un cerco que tiene tres dimensiones:

a) Cerco militar: realizado fundamentalmente desde los grupos paramilitares en connivencia y tolerancia por parte de las fuerzas militares.

b) Cerco político: Cuyo principal mecanismo se ejerce desde las entidades de gobierno y de administración municipal y regional que han excluido de cualquier tipo de participación política y de la más mínima inversión social.

c) Cerco informativo: Que consiste en impedir que la voz de estas comunidades salga a la opinión pública y que antes por el contrario se empeñan en presentar a todos los habitantes de la región como miembros activos de la guerrilla.

3. Consideramos que lo que están viviendo estas comunidades campesinas y mineras en materia de desastre humanitario, no es fruto de la casualidad, sino que responde a una voluntad precisa y a una estrategia planificada.

4. La IMPUNIDAD que se vive en esa zona del país tiene diferentes expresiones. Por un lado, la impunidad que deja sin castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, y de otro lado a los responsables de la desatención social que contribuyen a generar las extremas condiciones de pobreza en que viven las comunidades.

Frente al abandono las comunidades han acudido a negociaciones con el Gobierno Nacional, firmando acuerdos y presentando proyectos para el desarrollo de la región. Entre ellos se encuentran los acuerdos de 1998 denominados Plan Integral para el Desarrollo del Magdalena Medio, que nunca fueron cumplidos y por el contrario varios líderes de las comunidades han sido asesinados. Constatamos que existen propuestas y voluntad por parte de las comunidades que han venido siendo respondidas también desde el gobierno nacional con una total ausencia de compromiso y de atención.

G. Llamamientos

A las Comunidades campesinas y mineras del Sur de Bolívar
Para que continúen la lucha por su independencia. Mantengan la pugna por un modelo autónomo de organización y desarrollo. La misma lucha que han mantenido durante décadas respecto a los más variados actores bélicos, económicos y políticos. Su lucha es un ejemplo para las ideas de democracia, derechos humanos y, en suma, de libertad. Las tremendas dificultades a las que se enfrentan hacen su tarea aun más heroica. Deben saber que desde fuera, a miles de kilómetros, cada día, se conoce, divulga y apoya más su resistencia. Su voluntad es ejemplo para muchos otros conjuntos de hombres y mujeres en el mundo con inquietud comunitaria de libertad y democracia.

A la Solidaridad Internacional

Para que apoyen un humanitarismo de hecho y de derecho en las situaciones más especialmente críticas y de las que el caso del Sur de Bolívar y el conflicto colombiano en general constituyen un ejemplo extremo. El humanitarismo de derecho se debe hacer esencialmente complementario del humanitarismo clásico al incentivar políticas y acciones para la resolución estructural de la situación. Esto se hace especialmente visible en situaciones como la colombiana donde la ayuda material humanitaria apenas puede tener operatividad en coyunturas de bloqueo armado, abandono institucional y permanente violación del derecho internacional humanitario.

Al Estado colombiano

Que cumpla con su deber. Nada más que eso. Que atienda los mandamientos de su carta constitucional, de todos aquellos derechos y libertades de los que debe ser servidor y garante. Comenzando por el Derecho a la Vida. En ello radica su legitimidad. En nada ni nadie más. La permanente omisión de ese deber constituye un grave quebranto de su legitimidad de la que el propio Estado y sus administradores serán únicos responsables.

A la Unión Europea y Organizaciones Internacionales

Los derechos humanos han sido la guía teórica en la conformación de la sociedad internacional. Es imposible avanzar en la configuración democrática de esta sin una permanente vigilancia de su observación y garantía por los diferentes Estados y organismos internacionales. Alertamos sobre la crítica situación de los derechos fundamentales constatada en el Sur de Bolívar. Crítica situación de los más elementales, como el puro y simple Derecho a la Vida. Instamos a que sus políticas no apoyen ningún proyecto que propicie dicha violación continuada y estructural, fomentando una militarización del conflicto como en el caso ejemplar del Plan Colombia, precisamente ya condenado por el Parlamento Europeo.

Por el contrario, se hace necesaria la incentivación de políticas de inversión social, poniendo especial atención en los entes encargados de recibir, invertir y administrar dichos recursos. Ya que, como en nuestro caso, queda claro que determinadas autoridades locales carecen de voluntad alguna para atender las necesidades básicas de los pobladores que habitan regiones sometidas a cerco.

Finalmente se hace importante una tarea de fiscalización continuada respecto a la situación de los derechos humanos y una intensificación de los esfuerzos, ya emprendidos, en la activación de propuestas y marcos de negociación para una salida del conflicto armado.

Al gobierno de EEUU

Podemos y queremos trasmitirle una realidad que hemos comprobado en nuestra estancia en el sur de Bolivar. Resulta evidente que las comunidades campesinas se han visto obligadas a sembrar la hoja de coca, movidas por la necesidad de sobrevivir y que no son ellas las responsables del tráfico de la cocaína a los EEUU. Por tanto no debe recaer sobre estas comunidades el peso de la guerra financiada por un Plan Colombia orientado a fortalecer el componente militar.

Resulta injustificable la fumigación indiscriminada con venenos letales puesto que existen propuestas de erradicación manual y de sustitución de cultivos. Es por ello que les pedimos que cesen las fumigaciones y que se inicien las negociaciones necesarias con las comunidades en aras a la consecución de salidas adecuadas. En definitiva solicitamos el cese de las inversiones para la guerra en una zona en la que la gente clama a gritos una inversión para la paz y el desarrollo.

Bogotá 20 agosto de 2001

Se puede hacer contacto con los caravanistas a traves correo electronico Comité Daniel Gillard ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).